A contrapelo del optimismo de los laboratorios multinacionales fabricantes de medicinas de que el Senado de la República ratificaría a la letra el dictamen de la Cámara de Diputados en materia de reforma al artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial, las señales apuntan a que éste aprobará una moción suspensoria para regresar el asunto a comisiones.
Dicho con todas las letras, finalmente la presión de los fabricantes de medicinas similares recolocará en la mesa la posibilidad de ampliar el horizonte para acotar la vigencia de las patentes de fármacos no sólo ante una emergencia nacional, sino por la incidencia de enfermedades graves. El giro de 180 grados lo provocó una sorpresiva propuesta del PRD, a cuya vera debió aplazarse dos días la votación del pleno, argumentando los priistas la necesidad de consultar un virtual desempate entre la posibilidad y los compromisos de México en materia de tratados internacionales.
Desde el terreno práctico, estamos hablando de la alternativa de abatir el costo de las medicinas ante alguna de las tres coyunturas, vía la fórmula simple de anular o mejor dicho acotar los derechos de los fabricantes por el uso de la patente. Ahora que la distancia entre el dicho y el hecho la constituye una férrea oposición de la bancada panista, argumentando que la posibilidad sería una forma de avalar la piratería, en un marco en que las medicinas similares no son idénticas a las de patente ni han sido sometidas a pruebas de bioequivalencia y biodisponibilidad para garantizar sus efectos reales, y en tal caso alertar acerca de los secundarios.
El caso es que la propuesta perredista que empujan los presidentes de las Comisiones de Salud y Seguridad Social y Ciencia y Tecnología del propio Senado Elías Miguel Moreno Brisuela y Rodimiro Amaya, señala a la letra que en los casos de enfermedades graves como el cáncer o el sida, "el Consejo de Salubridad General hará la declaratoria de atención prioritaria por iniciativa propia o a solicitud por escrito de instituciones nacionales especializadas en la enfermedad, en que se justifique la necesidad de la atención prioritaria".
Lo cierto es que colocada la propuesta original para la reforma por la fracción del PVEM en la Cámara de Diputados, la catarata de críticas se lanzó a descalificar la pretención, aduciendo que tras ella se ubicaba un conflicto de interés, dado que el dueño de los Laboratorios Best fabricantes de las medicinas similares y de la cadena de farmacias que las distribuye se llama Víctor González Torres.
Ahora que en el largo estira y afloja de la cuerda que se soltó en el sexenio pasado al autorizar la Ssa alternativas distintas a las medicinas de patente, lo mismo existe una resolución del Senado de la República para obligar a la dependencia a definir de una vez por todas la eficiencia de los fármacos con licencia para operar, colocándose el énfasis en las similares, ubicadas en el cuarto escalón respecto de su vigilancia, que se han cruzado demandas entre los laboratorios fabricantes Best y el IMSS. La alternativa, en una segunda fase, la adoptarán tanto el ISSSTE, como la red de la Ssa. La guerra, pues, está desatada.
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