La píldora
A nadie debe extrañar que una vez más la Iglesia y el Estado hayan subido a la palestra para dirimir una cuestión controversial en la que sus posiciones resultan opuestas; este tipo de confrontaciones existirán siempre en virtud de los fines que ambos mundos, el de Dios y el del César, ofrecen al ser humano.
Hoy, en nuestro país, la polémica gira en torno de la así llamada píldora de emergencia, una pastilla abortiva o cuando menos anticonceptiva. Es claro que en ambos fines, y más en el primero, su uso choca frontalmente con la moral católica, con su principio de la defensa de la vida humana desde el momento de la concepción.
Pero antes de continuar el análisis conviene salir al paso de dos puntos de vista engañosos. Uno es el de aquellos que se montan a lomos de "lo científico" y desde allí pontifican contra cualquier consideración moral. En esta cómoda posición se han instalado nuestros funcionarios públicos.
El segundo se le asemeja: es el de una cierta "intelectualidad" perezosa y mezquina que reduce cualquier expresión de la moral católica a integrismo y fundamentalismo. Los "intelectuales" de este rango, cuyo máximo exponente suele ser el escritor Carlos Monsiváis, despachan aceleradamente la cuestión católica con un simple calificativo.
Me parece que el Estado debe contar con la libertad suficiente para procurar el correcto ejercicio de los derechos humanos, pero siempre sobre la plataforma de la verdad; ésta exige que la ciudadanía sea perfectamente informada acerca de la naturaleza y de los efectos reales del consumo dede emergencia.
En la misma lógica de libertad, y dentro de un régimen democrático, la Iglesia debe contar con la plena oportunidad de exponer su posición ante la sociedad, frente a su pueblo, aunque ello implique una desavenencia con el Estado y con ciertos grupos sociales, hostiles a su moral.
En resumen, me parece que el Estado está obligado a proporcionar a sus ciudadanos los satisfactores materiales que considere oportunos partiendo de un plano de objetividad y de verdad, sin engaños, advirtiendo de la responsabilidad en que cada ciudadano puede incurrir bajo su propia decisión.
A la Iglesia católica le corresponde el derecho de advertir a sus fieles y al Estado mismo sobre la moralidad de ciertas políticas públicas o de ciertos actos. Y esto nada tiene de fundamentalismo o integrismo. Por el contrario, se trata de la libertad de expresión de una doctrina que merece ser escuchada, que quiere alertar a la humanidad ante el peligro de que la invada, aún más, una concepción puramente hedonística, egoísta, de la vida.
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