Los conflictos políticos en Bolivia detienen a las empresas que deben invertir en el proyecto Por los problemas, el gobierno argentino frenó la licitación de las obras Bolivia aún no ha logrado consenso para una ley de hidrocarburos El ducto debe abastecer al Litoral y a la Mesopotamia La obra que debería poner fin a los problemas de escasez de gas de la Argentina durante los próximos años está estancada y en peligro de no concretarse. El gasoducto del Nordeste, diseñado para traer fluido boliviano y que se comprometieron a construir el grupo Techint y Repsol YPF, no está siquiera en etapa preliminar debido a los conflictos políticos en Bolivia. Hasta ahora, el escenario no cierra para los constructores ni para las petroleras que deben desarrollar los yacimientos en Bolivia. Si no hay allí una ley de hidrocarburos que dé cierta previsibilidad al proyecto; si el contexto político que terminó en los últimos días con la renuncia de 9 funcionarios del gabinete de Carlos Mesa no mejora, ¿quién se arriesgará a invertir? Tal es el razonamiento empresarial. La cautela se trasladó ya al Gobierno, que desistió de empezar la licitación de las obras hasta que la tormenta se aplaque. "Estamos esperando alguna lógica para los precios -dijeron a LA NACION en el Gobierno-. Hasta que no tengamos una metodología de precios no vamos a lanzar la licitación, porque haríamos una licitación sin interesados. Nos sujetamos a acuerdos previos con Bolivia." Con todo, tanto el Gobierno como los empresarios privados confían en hallar una salida. "Mesa lo está manejando -dijo un funcionario-. Por ahora, no estamos lejos de los plazos. Nos habíamos planteado los cuatro primeros meses del año para la licitación." Según el plan energético que dio a conocer el Gobierno en mayo pasado, el ducto debe abastecer, entre otras, a las provincias del Litoral. Se esperaba que transportara 20 millones de m3 diarios y funcionara desde mayo próximo, una fecha que, a estas alturas, dada la complejidad y los tiempos del emprendimiento, asoma como imposible. La concreción de la iniciativa requiere de una inversión de unos 3000 millones de dólares en Bolivia de parte de las petroleras que operan allí: Repsol YPF, Petrobras, Total y Pan American Energy, entre otras. Empresas que no están dispuestas a desembolsar un centavo en estas condiciones. Para la construcción el ducto, entre Techint, Repsol YPF y el Estado argentino planean destinar más de 1100 millones de dólares. "Esto no se salva del panorama político en Bolivia: estamos supeditados a eso", explicaron en una de las compañías. "Hace 8 meses, Mesa era un campeón, pero se complicó todo", agregaron en otra. Lula presiona La situación no le es ajena a Brasil, otro de los destinos previstos para el gas boliviano, que llegaría a Uruguayana y a Porto Alegre. De hecho, el gobierno de Lula fue el que más presionó para que un proyecto de ley de hidrocarburos que espantaba a las empresas -fijaba, por caso, subir las regalías del 18 al 50%- fuera reemplazado por otro más benévolo aún no aprobado. No hay que olvidar que Petrobras es un actor importante en el conflicto. En el gobierno argentino no temen que la obra fracase. "Hay alternativas, como varias expansiones internas de gasoductos", dijeron. En las petroleras, en cambio, intuyen con preocupación que la variable de ajuste será, una vez más, el gas chileno. "El gasoducto espera transportar 10 millones de m3 en la primera etapa -dijo un ejecutivo-. Como las exportaciones a Chile están entre 12 y 13 millones, cortarles sería una manera de evitar escasez acá. Pero sería un escándalo: hay contratos de 25 años."

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