Al grupo, que es apoyado por representantes de la Iglesia católica como el cardenal Juan Sandoval Íñiguez y el obispo Samuel Ruiz, se le vio acompañado por el ex secretario de Salud Jesús Kumate, a quienes los ministros le han preguntado sobre aspectos científicos de la píldora.

Esas personalidades ya se reunieron con los ministros Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza, Sergio Aguirre, Juan Díaz Romero, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Margarita Luna, a quienes les han presentado alegatos jurídicos sobre los que se basan para intentar demostrar que se viola la Constitución mexicana.

Cabe recordar que desde el 11 de julio, la píldora de emergencia fue incluida en el cuadro básico de medicinas, por consiguiente, todas las instituciones públicas del sector salud podrán emplearla; es decir, más de 19 mil unidades de atención y hospitales públicos de todos los niveles de gobierno que operan a escala nacional.

En enero de 2004 fue publicada la Norma Oficial Mexicana sobre Planificación, donde se permite el uso del levonorgestrel o LNG, que es un anticonceptivo hormonal que la mujer puede consumir en las horas siguientes a una relación sexual no protegida.

Pero de acuerdo con la Iglesia católica, además de tener efectos abortivos, sus consecuencias son de alto riesgo, pues según estudios británicos, están directamente relacionadas con altas tasas de embarazos ectópicos.

Sobre la base de este amparo que analiza la SCJN es como el grupo referido expone a los ministros sus argumentos de inconstitucionalidad de la píldora del día siguiente, entre los que destacan que la Ssa cometió "un acto contrario a la ley", pues no siguió, en primer lugar, el proceso jurídico correspondiente y violó la Ley Federal de Metrología y Normalización.

Paralelamente, en la demanda de amparo se subraya que la Ssa manejó una definición de aborto que es diferente y se contrapone al Código Penal del Distrito Federal y Código Penal Federal.

Los demandantes insisten en que no se ha demostrado, por parte de la Ssa, que la píldora no sea abortiva, lo que es una obligación de estricto derecho y en el campo científico de esa dependencia, y piden aplicar el principio legal in dubio pro homine.

Es decir, "si existe duda en que el método sea o no abortivo, debe prevalecer el principio constitucional de la jurisprudencia de la SCJN, y resolverse a favor de la vida, del débil, del desprotegido, a favor del niño fruto de la concepción". (Reportero: Julián Sánchez)