Para la mayoría de la gente, el costo más visible de este proceso electoral es el referido a las transferencias de recursos públicos a los partidos políticos contendientes, que este año recibieron un monto superior a los cinco mil mdp en su conjunto. También hay que incluir los recursos públicos requeridos para el funcionamiento adecuado del aparato encargado de organizar y supervisar el proceso, el IFE y los institutos estatales.

Otro costo también cuantificable es el vinculado a la propaganda.

Hay que incluir el costo referido a los recursos para la limpieza de la propaganda electoral una vez concluido el proceso, y el cual es realizado por los servicios públicos de limpia.

Pero existen otros costos más difíciles de cuantificar y que pueden atribuirse al proceso electoral. Por ejemplo, puede argumentarse que la mayoría de las marchas, plantones o manifestaciones de maestros, campesinos, burócratas y otras organizaciones que se realizaron meses previos a esta contienda, independientemente de demandas laborales o sociales justas, contenían también motivaciones de índole político.

Por su parte, la actitud de las autoridades locales o federales de no aplicar la ley en sentido estricto también obedeció en parte a razones electorales, debido al costo político que esto hubiera implicado y el cual no estaban dispuestas a asumir.

En cuanto a los beneficios, desarrollar y consolidar un nuevo marco institucional político tiene enormes beneficios económicos y sociales.

Existe un reclamo generalizado de reducir estos apoyos. En cambio, ahora podría invertirse más en promover una mayor educación política de la población.