El mes pasado, el presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva y su similar argentino Néstor Kirchner acordaron estudiar el proyecto.

Pero si se mira más de cerca, este proyecto de 20 mil mdd resume todo lo que falla en el acceso de Sudamérica el gas natural. En lo económico no tiene sentido: más allá de tres mil kilómetros es más barato licuar y embarcar el gas natural que enviarlos por gasoductos. Los costos ambientales son preocupantes.

Para los consumidores, la reciente interrupción de las exportaciones de gas ruso a Ucrania enfatizan los peligros de depender de tuberías. Loas motivaciones de Chávez son meramente políticas: le gustaría privar de gas a EU en nombre de la integración de Sudamérica.

Los problemas comenzaron en Argentina y Bolivia, dos de los tres más grandes productores. En 2002 Argentina convirtió sus tarifas de gas de dólares a devaluados pesos y las congeló. El precio de gas, que representa la mitad del consumo de energía del país, se redujo dos tercios.

Desalentadas por los bajos precios, las empresas energéticas detuvieron los trabajos de exploración. Las reservas probadas de gas argentino cayeron 35% entre 2000 y 2004. para enfrentar la escasez invernal, el gobierno redujo las exportaciones a Chile.

Kirchner autorizó que los precios para los grandes consumidores se eleven a los niveles del mercado internacional. Pero los precios residenciales, permanecen congelados, y el clima de inversión es impredecible.

Enarsa, nueva empresa estatal, ha suscrito acuerdos con Petrobras de Brasil y Repsol de España para trabajaos de exploración en aguas costeras. Pero a los precios actuales hay poco incentivo para la producción, dice Luciano Gremore, de la calificadora Standard & Poors.

En Bolivia, las empresas energéticas operan bajo condiciones que ellas mismas consideran apenas tolerables. El año pasado, una legislación aprobada bajo presión social aumentó el pago de derechos, lo que casi duplicó los ingresos gubernamentales por concepto de gas. El aumento permitió comenzar a pagar a tiempos los salarios de los funcionarios y reducir el déficit fiscal. Pero la ley destruyó los términos conforme a los cuales invertían las empresas, que a cada cheque adjuntan una carta de protesta.

Expandir los gasoductos a Argentina y Brasil y procesar el gas para llenarlos costaría 5,300 mdd. “Con esos impuestos y los precios de la región, no es viable invertir”, expresa Marco Aurelio Tavares, de la consultora Gas Energy. El nuevo dirigente de YPFB dice que Bolivia elevará los precios de exportación a Argentina y Brasil.

Obtener derecho al gas significa permitir que la razón económica prevalezca sobre la pasión política