Un ejemplo es el contrato por 500 mdd que otorgó Pemex para la perforación, exploración y explotación de 300 pozos petroleros en la zona de Chicontepec, al consorcio formado por Sclumberger-ICA y Flour Daniel. Además de cinco contratos en materia de gas que deben preocupar al Poder Legislativo y al Judicial, urge que las Cámaras y la Suprema Corte apuren los trabajos.

Petróleos insiste en que no se trata de concesiones, ni contratos de participación de riesgo, producción o ganancias, pues tampoco las empresas se benefician de los aumentos en el precio de gas natural o por mayor producción del combustible; el contratista no puede registrar en su beneficio las reservas y recibe su pago independientemente de los resultados de la explotación y exploración.

Lo cierto es que esas transnacionales obtienen información privilegiada de zonas geográficas de alta potencialidad petrolera, siguen operando en México, sus derechos se incrementan y Pemex pierde poco a poco el control sobre estos yacimientos; si los Poderes Legislativo y Judicial no cierran la puerta, después será muy tarde. Mientras el presidente Vicente Fox, usando los recovecos legales, va cumpliendo sus compromisos de campaña con las petroleras: Privatizar Pemex.