Después de que se iniciara una protesta encabezada por los pobladores y autoridades de las provincias amazónicas de Sucumbios y Orellana por más de 11 días, líderes de las dos provincias lograron que petroleras financien obras extraordinarias en sus pobres jurisdicciones.

Los demandantes exigían recursos por parte de las petroleras privadas para proyectos viales y planes de trabajo para los habitantes locales, entre otras demandas.

Las petroleras se comprometieron a financiar la construcción de 260 kilómetros de vías e instrumentar facilidades para contratar personal local. Además donarán a las autoridades de Sucumbios y Orellana el equivalente a las dos terceras partes del 25 por ciento de su Impuesto a la Renta (IR) para apoyar proyectos de desarrollo en ambas provincias, que son consideradas unas de las más pobres de Ecuador.

Este paro perjudicó al sector petrolero de Ecuador, desplomándose la producción del quinto productor de crudo de Sudamérica (Petroecuador), que bombeaba alrededor de 530,000 barriles por día (bpd), por los constantes ataques y saqueos de yacimientos.

La petrolera estatal mantiene suspendido el envío de 144,000 bpd que hacía regularmente a los mercados externos, mientras que las empresas privadas mantuvieron sus embarques gracias a sus reservas en puerto. Antes de las manifestaciones, Petroecuador exportaba el 70 por ciento de su producción promedio de unos 530,000 bpd, posteriormente tuvo que pedir ayuda a Venezuela y negociar un crédito petrolero para cumplir con algunos embarques, dirigidos principalmente a EUA.