Bien harían María Marbán y quienes están en el IFAI, en generar una cultura de la transparencia en el uso de los recursos públicos. Se tendría que llegar a definiciones de hasta qué punto se puede llegar.

Hay quienes dicen que en casos como el IPAB, que tiene como secretario ejecutivo a Mario Beauregard, que tratándose de recursos públicos la transparencia debe ser total, y que el resto de los ordenamientos legales tienen que estar superditados a este principio. De hecho, el IFAI sigue diciendo que los funcionarios del IPAB no tienen derecho legal para oponerse a las solicitudes de información.

El caso de la ropa de Marta Sahagún plantea algunos problemas de transparencia. La esposa del presidente dice que no se ha gastado 100 mdp sólo en ropa, sino que además se usa para otras cosas.

Más allá, el que Sahagún haya donado intempestivamente 36 vestidos a AMANC, presidida por Guadalupe Alejandre, fue sólo una respuesta política que no cambia nada el fondo de la discusión. Ojalá que los niños con cáncer puedan obtener algo de los contribuyentes mediante Sahagún, quien dijo públicamente que no tendría obligación legal de devolverlos.

El fondo del debate es que no debería haber fondos públicos para ropa de su esposa ni para gastos de representación, puesto que no tiene cargo como servidor público. En su defecto, se debería crear un cargo y sujetarla a la ley de servidores públicos.