Reconoce que en relación con los transgénicos el maíz es el tema de debate, por todo lo que representa en la cultura mexicana, y que debe hacerse la experimentación con los granos transgénicos de la industria, pero precisa que para darse el cultivo comercial, como demandan las empresas y grupos de productores apoyados por ellas, aún falta tiempo.

El científico que ha trabajado en el Centro de Investigaciones Avanzadas (Cinvestav), del IPN, y en el Conacyt, y ahora responsable de la Cibiogem -institución integrada por las secretarías de Medio Ambiente, Salud, Educación, Economía y Hacienda, así como por Conacyt-, que se hace cargo de las políticas de bioseguridad y organismos genéticamente modificados, reconoce las presiones de la industria y asegura que la existencia de esta comisión ha impedido que éstas sean mayores.

Detalla que para que se dé el cultivo comercial del maíz transgénico que demandan empresas trasnacionales como Monsanto y Dupont, entre otras, primero se debe establecer el régimen especial de maíz, después el programa experimental y por último el programa piloto; según los resultados que se arrojen se decidirá si se dan las autorizaciones comerciales.

También se tienen que construir los mapas para definir los sitios donde se puede hacer el cultivo; “se dice que en todo el país hay centros de origen; esto se tiene que explicar con bases científicas”.

Además, no descarta que se den mezclas o contaminación entre maíz tradicional y transgénico, ya que la gente tiene la costumbre de compartir el grano, sustraerlo de las siembras o robarlo, para mejorar sus variedades.

Marco Antonio Meraz refiere que la existencia de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, donde se establece una serie de procedimientos para poder llegar a la liberación o a la aceptación de ingreso de un producto, es algo que las empresas deben cumplir.

Reconoce que las empresas buscan fundamentalmente encontrar el mejor negocio posible.

Indica que la Cibiogem se encarga de evaluar esto: si hay un nuevo producto, se estudia qué hacer con él y si a México le conviene, no sólo desde el punto de vista económico, sino también del ambiental, de la salud y de la agricultura.