Decrementar la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera es una misión que México asumió con la firma del Protocolo de Kyoto en 1998.

Según este compromiso internacional, 183 países miembros de Naciones Unidas están obligados para el año 2012 a reducir 5% -respecto a los niveles producidos en 1990- la emisión de GEI.

México es el décimo segundo mayor productor de GEI en el mundo, según información del Instituto Nacional de Ecología, por lo que es atractivo para los inversionistas.

La firma internacional Baker & McKenzie cobra entre 35 mil y 150 mil dólares por asesorar legalmente en México a empresas que implementan MDL, cuando dichos proyectos valen un mdd. "El precio depende de la complejidad del proyecto", afirma Raúl Félix-Saúl, abogado del despacho.

Baker & McKenzie presume la trascendencia de su labor. "El gobierno mexicano ignora los criterios de sustentabilidad para crear un marco legal favorable que incentive la inversión de proyectos", dice Richard Saines también abogado norteamericano del despacho.

La compañía Japan Carbon Finance (JCF) financia proyectos MDL para empresas generadoras de GEI. Para ello adquiere Créditos de Reducción de Emisiones (CER) -comúnmente llamados bonos de carbono- que ofrece a los empresarios. El fondo de JCF ya supera 140 mdd.

Por otro lado, la CFE solicitó los servicios de Unión Fenosa por 25 años para desarrollar un "megaproyecto" que sustituirá plantas eléctricas por eólicas (de viento). La firma española invertirá 81.9 mdd anuales en el plan.