Un balance de posiciones realizado el lunes por distintos medios de comunicación anticipó que algunos de los más importantes partidos se hallaban divididos en adhesión y rechazo al referendo previsto para el 18 de julio. LA PAZ.- El Congreso de Bolivia se instalará el lunes en una crucial sesión que definirá la suerte de un referendo sobre el gas, en el que el presidente Carlos Mesa apuesta su futuro político. El plenario de 130 diputados y 27 senadores deberá reunirse a las 19:30 GMT para debatir y votar el marco legal de la consulta convocada por Mesa, un presidente independiente cuyo gobierno apartidista no dispone de sustentación parlamentaria. Un balance de posiciones realizado el lunes por distintos medios de comunicación anticipó que algunos de los más importantes partidos se hallaban divididos en adhesión y rechazo al referendo previsto para el 18 de julio. Pero establecieron que, luego de gestiones interpartidarias durante el fin de semana, la tendencia en la votación legislativa era ligeramente favorable a la consulta promovida por Mesa. Unos tres millones de bolivianos estarán habilitados para votar en ese referendo sobre el futuro comercial del gas, principal riqueza natural de esta empobrecida nación, y los lineamientos de una nueva política energética propuesta por el mandatario. El destino Mesa, de 50 años, defiende el referendo como el principal compromiso de la llamada "agenda de octubre" que asumió al convertirse en presidente hace casi nueve meses, cuando una revuelta popular derribó al entonces jefe de Estado, Gonzalo Sánchez de Lozada. Las protestas sociales originadas en el rechazo a un proyecto de exportación de gas a través de un puerto de Chile, vecino que ganó a Bolivia su litoral marítimo en una guerra (1879-1883), desembocaron en violencia callejera con un saldo de 70 muertos y la renuncia de Sánchez de Lozada. Mesa, quien fungió como vicepresidente durante el gobierno de Sánchez de Lozada, sostuvo en más de una ocasión que en el referendo sobre el gas estará en juego no sólo su gobierno, sino el destino del país. El 23 de mayo afirmó durante una entrevista televisiva que "de hecho" su presidencia estaba puesta en juego en esa consulta. El referendo fue incorporado este año en la Constitución boliviana como mecanismo democrático de participación directa. Pero Mesa lo convocó en abril mediante una decreto ejecutivo a raíz de un dilatado trámite legislativo del proyecto, desatando una amplia polémica sobre la necesidad del respaldo de una ley sancionada por el Congreso. Los partidos con representación legislativa se dispersaron entre disímiles posiciones que van desde el apoyo, la introducción de modificaciones y abierto rechazo a la convocatoria de Mesa. Las dos cámaras legislativas fracasaron la semana pasada en su intento por aprobarla o anularla por separado. En consecuencia, será el plenario del Congreso el que dilucide la controversia con la probable sanción de una ley que incluya una disposición transitoria referida a la consulta del gas, o, en su defecto, otra que eleve el decreto de Mesa a categoría de ley, dijeron el lunes fuentes parlamentarias. La votación legislativa, sin embargo, será el primer escollo en la crítica fase que enfrenta Mesa a menos de dos semanas de la fecha fijada para el referendo. Sectores sindicales y campesinos, que el gobierno repudia como "radicales" y "antidemocráticos", exigen la nacionalización de los hidrocarburos y anunciaron el boicot del referendo con marchas, bloqueo de caminos e incendio de notarías electorales y ánforas.

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