La modificación del régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) representa una decisión incompleta y a la vez riesgosa. Incompleta, porque si bien es cierto que provee a la paraestatal de un mayor margen de maniobra, éste resulta limitado y, a su vez, no se establecen mecanismos que aseguren la elevación de la eficiencia corporativa. Riesgosa, porque aunque la inyección adicional de recursos para Pemex no es suficiente, sí implica a cambio una reducción significativa de ingresos para los tres niveles de gobierno, en especial para estados y municipios. Reformar el régimen era necesario, pero los alcances de lo aprobado no son los adecuados.

Como se sabe, la economía mexicana llegó a ser sumamente dependiente del petróleo. Baste recordar que en 1981 más de 80% de los ingresos por exportaciones resultaban del crudo y sus derivados. Iniciado el camino de las reformas, la participación del petróleo en el producto interno bruto o en el total de exportaciones ha llegado en nuestros días a no ser tan determinante como en aquellas fechas. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de las finanzas públicas, ya que éstas definitivamente se encuentran petrolizadas: más de una tercera parte de los ingresos del sector público provienen hoy del petróleo.

Y este es el verdadero dilema para instrumentar una reforma al tratamiento fiscal de Pemex: todos saben de la importancia que el petróleo representa para el desarrollo nacional, pero como el sistema tributario, más allá de una mayor eficiencia administrativa, sigue adoleciendo del enorme defecto de procurar una débil recaudación tributaria, darle un nuevo régimen fiscal al organismo público representa, hoy por hoy y en los hechos, impactos sumamente desfavorables en las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno.

Una menor aportación en el pago de derechos de Pemex al gobierno federal se expresa en una menor recaudación federal participable (RFP); como los porcentajes que representan las participaciones en ingresos federales de estados y municipios como proporción de la RFP se mantienen constantes, ello provoca, también, menores ingresos para estos dos órdenes, vía participaciones, principal componente de sus ingresos fiscales ordinarios dado el sistema de coordinación fiscal vigente en nuestro país.

Una recaudación tributaria de poco más del 11% del producto interno bruto (PIB), la menor de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es notoriamente insuficiente para sostener un nivel de gasto público determinado en buena medida por obligaciones constitucionales que se relacionan con los derechos individuales, ciudadanos y sociales. La magnitud de los ingresos provenientes del petróleo ha postergado la decisión de una reforma fiscal.