El gobierno indio, dominado por los nacionalistas hindúes, consiguió que una polémica y rigurosa ley antiterrorista fuera aprobada por las dos Cámaras del Parlamento en una sesión conjunta. La oposición considera que la Ley para la Prevención del Terrorismo (POTO) representa "graves peligros" para los derechos fundamentales de los ciudadanos. La oposición considera que la POTO asegura que las autoridades podrían "abusar" de ella contra grupos políticos o minorías religiosas, principalmente los musulmanes.