Pese a las acusaciones de los legisladores Manuel Bartlett (PRI) y Antonio Soto (PRD) de que las reformas son anticonstitucionales, la mayoría las avaló bajo el argumento de que se evitará el impacto ambiental que conlleva la liberación a la atmósfera del denominado gas grisú.

Las comisiones dictaminadoras argumentaron que a Pemex no le resulta rentable invertir y trasladar equipos para la extracción en función del escaso gas grisú que se obtiene de la industria minera.

El aprovechamiento del gas proveniente del carbón podrá ser para autoconsumo de los concesionarios o para entregárselo a Pemex, previo permiso de la Sener.ç

Asimismo, se estipula que se cancelará la concesión a quien venda el gas obtenido.