Mientras los jubilados, pensionados y derechohabientes del IMSS y el ISSSTE se encuentran angustiados porque el futuro de ellos y de las instituciones es tan negro como el chapopote, proveedores de algunos medicamentos (sobre todo de aquellos que se administran a quienes les han hecho transplante de órganos) están haciendo el mejor negocio de su vida. En el más reciente caso del que se enteró el columnista, participa el propio presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), el yucateco Mauro Lara Verde, quien, por medio de su laboratorio farmacéutico Lemery, está introduciendo al ISSSTE una ciclosporina genérica para los trasplantados de órganos.  

• Profepa, por mal manejo de productos contaminantes; así como de la autoridad judicial por construir sin permiso una ampliación de seis mil metros cuadrados. Más aún, el año pasado el laboratorio Lemery estuvo relacionado con la muerte de tres personas en el Hospital Civil Viejo de Jalisco, las cuales se vieron afectadas por un fármaco anticáncer de esta compañía, que finalmente aceptó su culpabilidad.
• Coordinación de Control Técnico de Insumos (Cocoti) del IMSS emitió oficios de rechazo del producto e informó a las autoridades del ISSSTE, las cuales tuvieron que cancelar la compra en la licitación de enero de 2002.
• SSA? La respuesta lógica sería que sí, pero éstos no aceptarían ser trasplantados si les aplican fármacos de origen dudoso y sin resultados históricos. ¡Ah verdad!