A través de la reforma mencionada, se operó una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). Con la reciente decisión de senadores y diputados las proporciones de participaciones que corresponden a estados y municipios ya no se fijan más en la LCF, sino en la Ley de Derechos. Al impacto negativo sobre la recaudación federal participable (RFP) consecuencia de la conversión de impuestos a derechos petroleros en la primera mitad de los ochenta ahora hay que añadir el nuevo régimen de Pemex que trae como consecuencia que las participaciones provenientes de la recaudación petrolera, entidades y municipios las vean más lejanas, en un ordenamiento legal en el que no tienen incumbencia.

Indudablemente que el nuevo régimen otorga más recursos a Pemex no sólo por las tasas que fija a los derechos sino también porque le permite deducciones. Siempre que en los años anteriores se habló de cambiar las reglas fiscales del mayor organismo público descentralizado, se decía que se buscaba darle dinero para que obtuviera más petróleo y que de esos nuevos pozos pagara menos. Como se ve, lo aprobado no se refiere a este tema, lo eludió.

El que Pemex disponga de mayores recursos no es garantía de absolutamente nada. Porque, ¿quién evalúa el desempeño de este organismo? La reforma corporativa seguirá esperando, cuando que con ésta debió iniciarse su proceso de transformación. Al día de hoy no existe un cambio en la manera en cómo se administra y que se pueda garantizar niveles de eficiencia operativa similares a las de las otras petroleras mundiales, sean públicas o privadas.

¿A qué destinará Pemex este incremento de sus ingresos?, ¿lo hará a la exploración, a la producción, mantenimiento, o a la prevención?, ¿destinará suficiente dinero para atender derrames, explosiones de ductos, afectaciones de contaminación a las entidades federativas donde opera y demás consecuencias negativas? Entonces habremos de estar frente a un dilema, por un lado, privilegiar la explotación, y por otro lado, el nuevo régimen.

Debe quedar claro que Pemex cabildeó en las Cámaras de Senadores y Diputados. Alguien podrá decir que “hizo su chamba” en forma independiente, pero lo lamentable es que no haya sido coordinadamente con el Ejecutivo Federal.

La reforma a la Ley de Derechos debe tener a los ojos del Ejecutivo otro grave problema: establece que la decisión de fijar la plataforma de producción de petróleo y gas y consecuentemente de la exportación corresponde al Congreso de la Unión, aunque ni siquiera se señala cómo operaría esta toma de decisiones ni qué parámetros deberán tomarse en cuenta para una determinación en este sentido. Lo que a este respecto debe comentarse es obvio: ¿cuál es el fundamento constitucional? Hasta donde logro entender esta no es una tarea legislativa.