El gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo aceptó que se marginara deliberadamente a casi diez mil familias del Progresa, para evaluar la efectividad de este programa social, entre octubre de 1997 y noviembre de 1999. La evaluación fue realizada por el Instituto Internacional en Políticas Alimentarias, con sede en Washington, y se aplicó a un grupo de 320 localidades que recibieron los beneficios, así como a otras 186 en situación de extrema pobreza, a quienes se les marginó sin su conocimiento. 

• Carlos Jarque espera que los resultados dados a conocer en el informe "favorezcan que la evaluación se constituya en un elemento indispensable de la política social". El ex funcionario fue quien suscribió el acuerdo para realizar el estudio, que tuvo un costo aproximado de 30 mdp.