Su esperanza al parecer, es que los legisladores, además de aprobar un nuevo régimen fiscal para Pemex, acepten la idea de realizar cambios legales, o hasta constitucionales, para hacer posibles esas asociaciones.

Lo que más urge es incursionar en la exploración de aguas profundas y mencionan cifras enormes de inversión requeridas para ese fin, del orden 15 mil mdd anuales. Tampoco hay dinero para nuevas inversiones en el Proyecto Fénix o para nuevas refinerías para contrarrestar la creciente avalancha de importaciones de petroquímicos y combustibles.

Por lo tanto, crear alianzas es un asunto de lógica elemental. Y sin embargo, hay obstáculos a esas alianzas, empezando por el hecho de que Pemex no es una firma con una sana orientación de búsqueda de utilidades, sino un organismo del gobierno cuya misión es maximizar la renta petrolera y entregar sus ingresos brutos íntegramente al fisco.

Y como las leyes y normas impiden su ágil operación y las asociaciones de capital, la paraestatal no parece ser un socio atractivo ni viable para nadie.

En el caso de las aguas profundas de más de mil metros, se trata de proyectos de altísimo riesgo, donde Pemex jamás será un buen socio si "no tiene dinero" ni experiencia. Pero argumenta que si hay alianzas las compañías compartirán sus tecnologías, pero la verdad es que la experiencia tecnológica no se vende ni se comparte sin más. Además, esto requeriría un cambio constitucional que no pasaría en el Congreso.

En petroquímica, los obstáculos legales y normativos son muchísimo menores. De hecho, la inversión está abierta en su totalidad desde hace una década y nadie invierte; desde el gobierno de Zedillo se promueven alianzas Pemex-IP y nadie invierte.

Aquí el problema es que Hacienda se opone a que Pemex otorgue contratos de suministro de insumos petroquímicos de largo plazo y a precios competitivos, "absoluta miopía". Prefiere que exportar para obtener un ingreso inmediato, en vez de que haya inversión en obra, en procesamiento, generación de empleo, nueva producción, cadenas industriales y en sustitución de importaciones, que generarían muchos impuestos, fortaleza económica y bienestar en el largo plazo.

Así, en petroquímica se opone a la política oficial de promover alianzas y el Proyecto Fénix, y en el transcurso de los años se ha percibido que incomoda a EU la transformación del petróleo en México, ya que desvía recursos requeridos para producir crudo.

En consecuencia, México, pese al desplome de sus reservas petroleras, hoy exporta más de la mitad de su producción petrolera y es un importador crónico de derivados del petróleo.

Lo mismo en refinación, donde el gobierno da a entender que Pemex no puede invertir solo. Pero con un simple cambio legal y no constitucional, Pemex y compañías p