El propósito declarado por los legisladores fue dar respuesta a las protestas de sectores muy amplios de la población que no han cesado desde el año pasado y que han conducido a la toma de distintas instalaciones de la CFE, sobre todo en el norte del país que es donde se sufren los mayores cobros por lo extremoso del clima.

En realidad, el propio presidente de la república fue el primero en revisar su decreto al reclasificar distintas entidades como Sonora o Veracruz y colocarlas en tarifas de mayor subsidio, decisión que fue criticada por los partidos de oposición por considerar que la medida era discriminatoria para los demás estados e implicaba un fuerte sesgo electoral.

Las tarifas eléctricas en su diseño requieren de una gran asepsia técnica y alejada de cualquier presión política, pues se deben elaborar fórmulas que tengan en cuenta los diferentes costos de la generación y del suministro de electricidad más aquellos de la expansión de largo plazo de la infraestructura e incluidas las contribuciones fiscales que los operadores del servicio público deben pagar a la hacienda federal.

Por lo tanto debería corresponder al operador del servicio eléctrico proponer la formula y a un órgano especializado y autónomo (la Comisión Reguladora de Energía) aprobar finalmente las tarifas.

Por otro lado, los subsidios no están focalizados, es decir, lo mismo pueden ser aplicados a un consumidor de altos ingresos que a otro en condiciones de pobreza extrema, el resultado ha sido que la mayor parte del subsidio es absorbido por quienes más consumen y no por quienes más lo necesitan. Por lo tanto, las reformas votadas por el Senado sólo profundizarán la inequidad del sistema de subsidios eléctricos aún cuando tengan una gran popularidad entre los consumidores.