El meollo del asunto no es la privatización de una industria que fue el pilar del despegue industrial del país y la bandera de un nacionalismo a ultranza, y que sirvió para encubrir y justificar horrendos desfalcos verdaderos atracos a los bienes de la nación y contubernios entre un sindicato corporativo y el partido que tuvo el poder por 70 años, sino saber cómo superar los errores del pasado, y de qué manera financiar el futuro desarrollo de la energía que requerirá México.

Me parece que los dos extremos en los cuales se ha pretendido encapsular un debate urgente el de la energía son igualmente elementales y viscerales, si no es que resultado de una premeditada campaña para defender privilegios corporativos, sindicales o intereses parciales. En los casos de la banca comercial, los ferrocarriles y las carreteras, la privatización, como fin en sí mismo, fue un fracaso, que se debió a que la venta de los activos del Estado se efectuó en forma precipitada y sin la suficiente transparencia; allí está el IPAB, sucesor del Fobaproa, que se enfrenta a la resistencia de los bancos, hoy en su mayoría propiedad de extranjeros, para ser auditados de nuevo, luego de que la Auditoría Superior de la Federación encontrara irregularidades en los contratos del Programa de Capitalización y Compra de Cartera. Aún así, como instrumento para resolver problemas estructurales de la economía nacional, la privatización de la banca, y de otras actividades, ha arrojado resultados favorables. Lo importante es que el Estado ejerza un control adecuado, y que el marco jurídico se reforme para lidiar con los aspectos negativos de la privatización.

La soberanía se defiende con una economía fuerte y dinámica y un Estado tutelar eficaz que sepa dirigir la conversión de México en un país con ventajas comparativas en materia de energía.