Una serie de empresas de distinto giro y tamaño llevan a cabo procesos de impugnación debido a lo que consideran una ley inconsistente y excesivamente estricta, pues no distingue entre infracciones leves y graves para aplicar la máxima penalidad, que en este caso es la revocación del título de concesión, afirma el representante de algunas de esas compañías Héctor Herrera, abogado en materia ambiental e integrante del comité directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).

Los ingenios azucareros y empresas químicas que en conjunto dan cuenta de 10% del consumo del vital líquido en el país las tomas domiciliarias ocupan 13% y el sector agrícola, el único que no paga por el elemento, recibe 77% restante.

Aprobada de manera intempestiva el 29 de abril de 2004 y en vigor a partir del día siguiente mientras la Conagua preparaba las consultas públicas para una iniciativa que presentaría el Ejecutivo, la reforma nació con el estigma de la controversia, indicó Herrera, pues no se consultó con los sectores involucrados y aún hoy enfrenta la oposición del sector privado y la Federación.

"Se debieron establecer rangos de consumo y admitir consumos menores a ello siempre que haya una justificación". En cuanto a las sanciones, aumentaron de diez mil salarios mínimos a 20 mil, y en caso de reincidencia el monto a pagar se triplica, además de que es causa de revocación de la concesión, sin importar que la falta sea leve como no instalar un medidor de agua. (Reportero: Zacarías Ramírez Tamayo)