El desarrollo del complejo de petroquímica, empleando el gas boliviano, será re-evaluado financieramente, tomando como punto de partida el incremento tributario que se registra en la Ley de Hidrocarburos. Así lo han hecho público ejecutivos de la casa matriz de Petrobras y del gobierno de Lula da Silva en Brasil.

La tan ansiada industrialización del gas, que tenía en el polo gasquímico en la frontera boliviano-brasileña (Puerto Suárez) un proyecto viable, se ve postergada porque el principal impulsor, Petrobras, volverá a evaluarlo.

El aplazamiento del complejo petroquímico es a causa de la subida de tributos en boca de pozo a 50 por ciento, sumando las regalías y la participación nacional de 18 por ciento y el impuesto directo a los hidrocarburos de 32 por ciento.

Los únicos perdedores son los productores del gas en Bolivia, puesto que se reducirá su rentabilidad y, además, está en suspenso el desarrollo de las reservas gasíferas, puesto que el polo gasquímico iba a requerir una inversión de 1.000 millones de dólares en el incremento de los volúmenes producidos.

El complejo gasquímico tenía como socios a Petrobras, que iba a operarlo y realizó los estudios de factibilidad, a Repsol-YPF y a Braskem. También iba a participar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y estaba abierto a otros potenciales inversionistas.

La ministra de Minas y Energía, Dilma Rousseff, el asesor del Presidente de Brasil, Marco Aurelio García, el presidente de Petrobras, Eduardo Dutra, al igual que el director del Area Internacional, Néstor Cerveró, coincidieron al asegurar que el proyecto petroquímico binacional queda "en suspenso".

Volverá a la mesa de discusión después que se revisen las evaluaciones y se vuelva a realizar los cálculos económicos del proyecto, pero para ello son fundamental los reglamentos a la Ley 3058.