El gas metano tiene una presencia abundante en minas de carbón, como la de Pasta de Conchos, ubicada en el municipio San Juan de Sabinas, Coahuila, donde recientemente perdieron la vida 65 trabajadores, en circunstancias que están siendo investigadas, en medio de los alegatos sindicales y de familiares de las víctimas de que esa tragedia se debió a la falta de medidas de seguridad industrial. Sea la causa que resulte, Pasta de Conchos pasó a ser una marca imborrable sobre la forma en que trabaja la minería mexicana.

La explotación comercial del gas metano que se encuentra junto a los depósitos de carbón mineral constituye un lucrativo negocio de varios miles de mdd para los empresarios que participen en ese dinámico proyecto, el cual se volvería legal si se aprueban en el Senado de la República las reformas a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional y a la Ley Minera, que ya fueron turnadas después de ser aprobadas por la Cámara de Diputados.

Esta semana, el investigador de la UNAM y asesor del Senado Víctor Rodríguez Padilla ha hecho interesantes y oportunas advertencias sobre la creación de ese mercado de gas nacional con el que se abriría la puerta a la integración vertical del gas para la generación de electricidad, utilizando para negocios privados estos recursos que la Constitución tiene clasificados como propiedad de la nación.

Para tener una idea sobre las utilidades que generaría el negocio del gas metano basta saber que el costo de producción de un pie cúbico de gas de minas de carbón es de 3.5 dólares, mientras que el precio promedio del gas natural en 2005 fue de nueve dólares.

Los senadores tienen en sus manos una decisión trascendental para la política energética del país y tendrán que analizar los efectos de esta reforma, ya que las figuras contenidas en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica permitirían a las empresas mineras utilizar el gas extraído para generar energía eléctrica con fines de autoabasto y de venta a la CFE y a LyFC.

El autoabasto es una actividad lícita, pero los expertos han alertado que también puede servir para la venta de electricidad por medio de un permiso de producción independiente, lo cual termina por ser inconstitucional. La interpretación que la SCJN ha hecho sobre este asunto, al resolver una controversia constitucional sobre esa materia, es que existe un divorcio entre la Constitución y las reformas realizadas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992.