Se incrementará un 25% la tarifa de gas para empresas en Argentina

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Empresas, centrales eléctricas y estaciones de servicio de gas natural comprimido tendrán el año próximo, en promedio, un alza del 25% en la tarifa final de gas. Ese es, hasta el momento, el nivel acordado entre las firmas petroleras y el Gobierno para recuperar las inversiones en dos ampliaciones de gasoductos que se finalizarán a mediados de 2005: San Martín II, en la Patagonia, y del Norte, que une Campo Durán (Salta) con San Jerónimo (Santa Fe).

La duda es cuándo se aplicará la suba: si desde el momento en que circule el gas nuevo por los tubos, a mediados del año próximo, o desde enero, para comenzar antes con el repago de los fideicomisos de las obras.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, prefiere no hablar por ahora de la magnitud de los incrementos. Sin embargo, quienes están cerca de las negociaciones confirmaron que la suba sería del 25% promedio para la tarifa final y de un 80% para el transporte.

El Gobierno ha decidido excluir de la medida, al menos en 2005, un año electoral, a las casas de familia. Quienes están involucrados en las inversiones -Repsol YPF, Petrobras, Techint, TGN y el Bndes- se oponen por una razón de viabilidad en los proyectos: si se incluyera a los hogares, dicen, el alza podrían ser menor para la industria. Así, se evitaría un estorbo que tarde o temprano llegará: presentaciones judiciales de firmas que se sientan discriminadas y amparos que frenen la rentabilidad.

Para evitar un aluvión de demandas, el Gobierno ha resuelto no presentar los aumentos dentro de la tarifa, sino como "cargos extras" en las facturas. Considera que eso podría evitar las presentaciones, porque la ley del gas establece que la tarifa tiene que ser igual para todos, pero no habla de cargos extras. En las empresas, en cambio, tienen aún esperanzas de que las modificaciones sean incluidas en una nueva ley que establezca tarifas sociales y eximiciones bien definidas.

La cuestión ya ha provocado fricciones entre los empresarios. Hace menos de un mes, cuando el secretario de Energía, Daniel Cameron, expuso en Pilar ante los ejecutivos de la Unión Industrial Argentina, cuatro directivos, con inversiones en el norte del país, lo llevaron aparte y, durante más de media hora, le expusieron su principal preocupación: no quieren depender del precio que les fije Repsol YPF, el dueño del gas que pasará por el gasoducto del Norte.

En el Gobierno afirman que no les preocupa tal discusión. "El Poder Ejecutivo expuso los límites -dicen-. Las tarifas son las oficiales. Es anecdótico quién tenga el transporte. Si alguien se quiere abusar, le vamos a cortar los dedos en pedacitos."

El otro malestar entre los industriales es un vaticinio de lo que puede llegar a ocurrir en el terreno judicial. Jakúlica considera que no deberían pagar todos lo mismo. "Para algunos que están hace tiempo, esa ampliación no tiene ninguna significación. Habría sido más justo que pagaran más recargo quienes han contribuido a incrementar el consumo, como algunos grupos exportadores o estaciones de GNC. Una cuota de solidaridad está bien, pero no me parece bien que todos paguemos lo mismo."