Presidentes concluyeron cumbre

Los presidentes de 34 países americanos concluyeron la Cumbre de las Américas con la firma de una declaración de carácter eminentemente social pero que finalmente no obtuvo el consenso esperado en torno al ALCA. Tras intensas sesiones de los negociadores del texto y dos días de diálogos entre los presidentes, esta Cumbre Extraordinaria, celebrada en Monterrey, concluyó con un texto en el que Venezuela mantuvo sus reservas sobre el objetivo de crear el ALCA en el plazo previsto, aunque el texto no cita la fecha del 2005 para su inicio. Pese a que la declaración solamente alude a los "resultados equilibrados" de la reunión del ALCA en noviembre, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, consideró que el plazo para la puesta en marcha del proceso "es muy breve". "Está a la vuelta de la esquina", insistió Chávez al justificar ante los demás presidentes de los países americanos (todos menos Cuba), su "reserva" sobre este punto en la firma del documento. La inclusión del plazo para la consecución del ALCA se convirtió en uno de los temas más conflictivos de la negociación del texto, por la oposición de Brasil y Venezuela debido a que, siendo una Cumbre convocada para tratar el desarrollo social, no había lugar para insistir en este asunto tan polémico para algunos países. El presidente Brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que finalmente acordó refrendar este párrafo porque "es apenas una continuidad de lo que decidimos en Miami" en la última reunión ministerial del ALCA, en la que se mantuvo esa fecha. Por su lado, Chávez se ha mostrado molesto por la escasa acogida que ha tenido su propuesta de crear un Fondo Humanitario Internacional destinado a ayudar a los países en "emergencia social". En la declaración final, los gobernantes se limitan a "tomar nota" de los debates sobre esta iniciativa, pero destacan dos líneas antes "la labor de las actuales agencias multilaterales al proveer asistencia humanitaria". Otra cuestión conflictiva fue la propuesta de Estados Unidos de excluir de estas cumbres a los países cuya lucha contra la corrupción deje que desear, que fue rechazada porque la mayoría de los gobernantes considera que es algo muy difícil de evaluar. Sin embargo, el problema de la corrupción fue uno de los más destacados de la llamada Declaración de Nuevo León, respecto al cual los presidentes se comprometen a "denegar refugio a los funcionarios corruptos, a quienes los corrompen y a sus bienes". En sendas reuniones plenarias en las que abordaron los objetivos de la Cumbre: crecimiento con equidad, desarrollo social y gobernabilidad democrática, los presidentes también hablaron de las iniciativas para mejorar las condiciones de sus pueblos. Según destacaron la mayoría de los gobernantes, la Declaración hace suficiente hincapié en la vertiente social de los problemas que atraviesan sus pueblos y establece iniciativas para lograr un crecimiento más equitativo. Otras cuestiones que aborda la declaración final se refieren al fomento de las pequeñas empresas, consideradas uno de los motores de las economías latinoamericanas. A este respecto, los presidentes apoyan las labores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que anunció en esta Cumbre que triplicará la financiación a las pequeñas empresas en los próximos cuatro años. También el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Horst Koehler, anunció que dicho organismo revisa algunos aspectos de la metodología con que contabiliza las cuentas fiscales que permitirían, "dentro de márgenes de prudencia fiscal" destinar más recursos para el sector social. A este respecto, el presidente de Perú, Alejandro Toledo, dijo que esa idea "podría dar más recursos para destinar a la financiación de carreteras y escuelas", entre otras posibilidades. "Estamos pensando en mecanismos innovadores", agregó. El texto aprobado incluye un compromiso de todos los presidentes de reducir a la mitad, a ser posible para antes de 2008, los gastos de los envíos de remesas de los emigrantes a sus países. Asimismo, hicieron un llamamiento a "todos los acreedores" a participar en programas de reducción de la deuda de los países latinoamericanos más pobres y más endeudados. La declaración también incluye un compromiso de todos los gobernantes para fortalecer su lucha contra el terrorismo, y tomar "todas las medidas necesarias para combatir" a los terroristas y su "financiación".