Le retiran licencia ambiental a Repsol-YPF

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El gobierno provincial le retiró a la empresa Repsol-YPF la licencia ambiental para operar los yacimientos de la zona Auca Mahuida en Argentina, esto, luego de detectar un derrame de 350 mil litros de petróleo sobre el cual la empresa no dio aviso a las autoridades.

La empresa española controla el 95 por ciento del área Auca Mahuida y deberá suspender la producción que roza los 26 mil metros cúbicos de crudo por mes.

El derrame de petróleo ocurrió el pasado 18 de octubre y semanas después fue detectado por personal de Medio Ambiente. La cantidad de hectáreas afectadas aún no fueron establecidas y el daño causado en la flora, la fauna y el medio ambiente tampoco. Se informó además que está en marcha una auditoría para evaluar y determinar estos aspectos, aunque por la envergadura del derrame las consecuencias podrían ser graves.

El origen se considera una falla en la bomba de una unidad separadora donde es almacenado el crudo que se extrae de los pozos. Se considera que fue una cadena de negligencias lo que originó el derrame. El secretario de Energía, Eduardo Carbajo indicó: "la primera bomba falló, la bomba de seguridad también falló y la unidad comenzó a cargarse hasta que salió todo el crudo". Agregando que "en la unidad el sistema de alerta no funcionó, tampoco había una pileta de contención y no estaba ningún operario que detectara la falla".

El anuncio lo realizaron el ministro de Producción y Turismo, Marcelo Fernández Dotzel, junto al fiscal de Estado Martín Gaitán, el secretario de Energía y los responsables del área de Medio Ambiente de la provincia. Adelantaron que además de suspender la vigencia de la licencia y aplicar una sanción económica que aún no fue determinada, presentaron una demanda contra la firma en la justicia neuquina para que investigue si cometió un delito penal.

La empresa, evito dar declaraciones. De los 350 mil litros derramados, 270 mil correspondían a agua de formación y 80 de petróleo crudo. La norma tendrá vigencia hasta que la empresa presente ante un plan de gestión ambiental integral y éste sea debidamente evaluado y aprobado por la autoridad de aplicación.