ncurrido en irregularidades en el rescate bancario como la compra indebida de cartera, a precios injustificadamente altos se podrían fincar responsabilidades administrativas, económicas y hasta penales a quienes integraron entre 1995 y 1999 el Comité Técnico del Fondo Bancario para Protección al Ahorro (Fobaproa), afirma el auditor superior de la Federación Arturo González de Aragón.
Entre los que presuntamente estarían implicados en ello se encuentran el ex secretario de Hacienda José Ángel Gurría; Javier Arrigunaga, ex director del Fobaproa; Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal y ex abogado de Fobaproa; el ex gobernador del Banco de México (Banxico) Miguel Mancera, y el actual titular del banco central Guillermo Ortiz Martínez, así como Eduardo Fernández, ex presidente de la CNBV.
González de Aragón adviertió que ""el Comité Técnico del Fobaproa actuó con discrecionalidad y en exceso de sus facultades"", por lo que ""se podrían fincar responsabilidades a los titulares de las dependencias que integraron el Comité"", si en 45 días no hay una justificación satisfactoria a los señalamientos.
Precisó que antes de entregar los resultados de la auditoría de la cuenta pública 2001 y dar a conocer sus posibles repercusiones, tuvo reuniones de ""preconfronta y confronta"" con los actuales titulares del IPAB, la CNBV y representantes de la SHCP y no pudieron ""solventar"" las observaciones hechas por la ASF.
La ASF detectó que de 1995 a 1999 el Fobaproa-IPAB compró indebidamente carteras e intereses moratorios de Bancomer, Banorte, Bital, Banco Unión, Banco Obrero, y del grupo SidekSidam-Situr por un monto de 45,409 mdp. Sumando los intereses acumulados en los ejercicios fiscales, la absorción indebida de esas carteras ha representado para el gobierno federal hasta el 31 de diciembre de 2002 un gasto de cien mil mdp, que significa 1.5% del PIB del país.
González de Aragón informó que las observaciones hechas a la actual administración del gobierno federal, correspondientes al ejercicio fiscal 2001 ascienden a 294 mil mdp. De ellos, 76 mil millones corresponden a incumplimientos en las normas que rigen el presupuesto, y si en mes y medio las dependencias involucradas no dan una justificación satisfactoria a las observaciones podrían tener repercusión en términos de responsabilidades económicas.
De las observaciones por faltas a la normatividad en el ejercicio fiscal de 2001 detectó que: faltó autorizar o justificar erogaciones por 44 mil mdp, no se recuperaron anticipos, carteras y adeudos por 14,668 millones, no se devolvieron a la Tesorería de la Federación 5,709 mdp que no fueron ejercidos, no se comprobó el gasto de 905 millones, se hicieron adjudicaciones fuera de norma, 789 millones, y se dieron pagos improcedentes o en exceso por 673 millones.
De estas presuntas irregularidades destaca que ""se detectaron recursos por 850 mdp depositados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el Fideicomiso Nuevo Aeropuerto, de los cuales desde 1999 sólo se han ejercido 62 mdp, por lo que se encuentra pendiente el reintegro de 787 mdp más intereses"". Otro ejemplo de las presuntas irregularidades es que en la revisión hecha al IMSS no se localizaron 771 bienes por 14.9 mdp y no se exhibieron facturas por 8.1 mdp.
González de Aragón señaló que si bien es importante la instrucción dada por el presidente Vicente Fox a su equipo, el martes pasado, de atender las observaciones de la auditoría, espera que en cuanto llegue el momento de fincar responsabilidades por las observaciones hechas en la auditoría ""el Ejecutivo federal actuará con pleno respeto al Poder Legislativo"" y no haya un intento de frenar la actuación de la ASF en ninguna forma. (Reportera: Anabel Hernández)
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